El silencioso e injusto robo de las contribuciones

Luchemos por un Chile libre de impuestos injustos: el fin a las contribuciones es urgente y necesario.

La propiedad privada es uno de los pilares fundamentales de una sociedad libre. Sin embargo, en Chile, ese principio ha sido corroído sistemáticamente por el Estado a través de un mecanismo profundamente injusto, abusivo y que debiera avergonzar a cualquier república que se diga respetuosa de las libertades individuales: el impuesto territorial, mal llamado “contribuciones”. 

Las contribuciones son un impuesto que no sólo castiga el esfuerzo, sino que convierte al Estado en un socio vitalicio e involuntario de todo propietario. En la práctica, terminan siendo un robo descarado para los bolsillos de los ciudadanos, donde el propietario se transforma en una especie de arrendatario, que paga al Estado por la renta de su propia vivienda. 

Una injusta doble tributación

No a las contribuciones.

Primero, partamos por lo obvio: el bien raíz por el cual se paga este impuesto fue adquirido con fondos que ya tributaron. Sea por ahorro tras años de trabajo, o por herencia familiar, ya hubo una carga tributaria asociada, que fue pagada al Estado en su momento. Sin embargo, en un acto evidente de doble tributación, se vuelve a gravar el mismo bien, esta vez bajo el pretexto de que simplemente existe. Y lo peor es que se hace en forma perpetua: las contribuciones se pagan para siempre, hasta que se muere el propietario, y ahí lo siguen pagando sus herederos.

¿Dónde más ocurre esto? En ningún otro impuesto chileno se tributa por algo que no ha generado ingresos reales. En Chile se tributa sobre lo que se percibe, no sobre lo que el Estado supone que vale más. Pero en el caso de las contribuciones, si el Servicio de Impuestos Internos (SII) decide, unilateralmente, que su propiedad ha “subido de valor”, usted pagará más. No porque la haya vendido, ni porque haya generado renta, sino simplemente porque un burócrata así lo estimó. Este es un mecanismo arbitrario, opaco y propio de un Estado que no confía en sus ciudadanos. El cobro de contribuciones no sólo son una injusticia: son un robo, con todas sus letras.

Y cuando sí hay una transacción, es decir, cuando realmente hay ingresos, entonces ahí puede ser comprensible que se pague por la ganancia efectiva. ¿Por qué, entonces, debe usted pagar todos los años como si estuviese vendiendo su casa una y otra vez, sin haberla vendido jamás? Esto es una estafa gigante. De todas las injusticias fiscales existentes, por lejos la peor de todas es el cobro de contribuciones, que en la práctica es como si fuera otro de los denominados "crímenes de cuello y corbata".

Más grave aún: el valor de su propiedad no lo determina el mercado, no lo determina usted, no lo determina el comprador. Lo define el SII. ¿Puede alguien sensato afirmar que una propiedad en Santiago Centro o cerca de Plaza Baquedano ha subido de valor en medio del deterioro urbano y la delincuencia que ha estado ocurriendo desde los tiempos del estallido delictual? El Estado actúa aquí como juez y parte: calcula, cobra y embarga. Sin contrapeso alguno. Esta medida es casi dictatorial, y nadie dice nada al respecto.

Y es que este impuesto tiene una herramienta de coerción brutal: si usted no paga, el Estado le remata su bien. Así de simple. Ni siquiera otros impuestos cuentan con esa amenaza directa e inmediata. El Estado, que debiese proteger su derecho de propiedad, se transforma aquí en un acreedor insaciable y peligroso. 

¿Qué gana uno pagando las contribuciones, aparte de salvarse por otros tres meses del que el Estado le remate su casa o departamento? La respuesta es tan cruda como categórica: nada.

Las contribuciones son una tortura para el propietario

El resultado es claro: muchos adultos mayores se ven forzados a vender sus casas porque no pueden seguir pagando este tributo. Familias que heredan una vivienda terminan perdiéndola si no cuentan con los recursos para mantener el pago constante de estas contribuciones eternas. ¿Qué clase de justicia fiscal es esta?

El impuesto territorial, tal como existe hoy, ha perdido toda legitimidad. Es un impuesto expropiatorio disfrazado de obligación cívica. La facilidad de su cobro, su garantía específica, la discrecionalidad del SII en la tasación, y su efecto devastador sobre quienes sólo quieren vivir tranquilos en lo que es suyo, configuran una situación que exige una revisión de fondo. No existe ninguna violación más desquiciada al derecho a la vivienda propia que el cobro de las contribuciones. 

Quienes creemos en una sociedad libre, en un Estado limitado, en la dignidad del individuo por sobre la voracidad del aparato fiscal, no podemos quedarnos callados. Las contribuciones deben ser reformadas o, derechamente, eliminadas. Porque la propiedad no es real si el Estado te la puede quitar cuando no pagas el “arriendo” eterno de algo que ya te pertenece. Esa es la verdad incómoda: en Chile, hoy, nadie es realmente dueño de su casa, somos todos "arrendatarios".

Es hora de devolverle al ciudadano lo que es suyo. Basta de impuestos injustos. Basta de atropellos silenciosos. La propiedad debe ser un derecho, no una concesión del Estado.