El chantaje octubrista: por qué Chile no despega, ni despegará, mientras la izquierda no entierre su romance con la violencia

La amenaza de un nuevo estallido delictual es algo que no ha sido para nada descartado por los sectores políticos vinculados a la ultraizquierda chilena.

En Chile, los indicadores económicos están atrapados en una suerte de limbo. El país hace tiempo que se ha visto marcado por un desesperante estancamiento, y por un nivel de cesantía que asusta a cualquiera. Aunque los fundamentos macro respecto a este fenómeno no son del todo malos y el sistema financiero sigue siendo sólido, el país no crece con convicción. La inversión se posterga, el consumo se desacelera y los capitales —nacionales y extranjeros— miran con recelo. 

¿La razón de todo esto? No es un misterio: mientras la izquierda radical no renuncie de manera explícita, categórica y creíble al uso de la violencia política —como ocurrió durante el estallido delictual de 2019—, el riesgo país seguirá contaminado. Y esto, con mayor razón mirando de reojo las elecciones presidenciales de fin de año, donde la ultraizquierda podría ser derrotada en las urnas, lo que les daría un nuevo impulso para usar el terrorismo urbano como herramienta de presión. 

El falso mito del "estallido social"

Estallido delictual.

No nos engañemos: lo que ocurrió en octubre de 2019 no fue una “explosión social” espontánea producto del malestar acumulado. Fue una desestabilización calculada, que encontró en los pasajes del Metro un detonante útil. El objetivo era uno solo: derrocar por medio de la fuerza brutal al Presidente Sebastián Piñera. Desde el Frente Amplio hasta el Partido Comunista, hubo sectores que validaron —y siguen validando— el fuego como herramienta de cambio. ¿Cómo olvidar al hoy presidente Gabriel Boric, justificando la evasión masiva? ¿O a Camila Vallejo defendiendo “las distintas formas de lucha”? ¿O al diputado Gonzalo Winter llamando a “profundizar el proceso”?

El problema es que la ultraizquierda no ha hecho un verdadero corte epistemológico con su pasado insurreccional. Más bien, lo tiene en suspenso. El octubrismo —como pulsión política extremista— sigue presente. Cada vez que se discute una reforma, una ley de orden público o una iniciativa que busque restaurar el principio de autoridad, aparecen las mismas voces relativizadoras, esas que invocan “los contextos”, “la rabia acumulada” o “el pueblo movilizado”. De hecho, el comunista Daniel Jadue lo hizo hace bastante poco, desde su prisión domiciliaria. Todo esto lo realizan evitar decir lo que corresponde: que quemar estaciones del Metro no es protesta, es terrorismo urbano.

La incertidumbre es un lastre para Chile

Esta ambigüedad estructural es la que mantiene la incertidumbre. Ni la derecha ni la centroderecha —piénsese en José Antonio Kast o Evelyn Matthei— podrán restaurar plenamente la confianza empresarial mientras del otro lado del espectro siga existiendo la posibilidad no descartada de otro nefasto estallido antisocial. Porque gobernar no solo es legislar; es también establecer condiciones de gobernabilidad duradera. Y eso no es posible cuando una parte significativa de la izquierda sigue coqueteando con la lógica asambleísta y con el uso de la calle y de la fuerza bruta como método de presión ilegítima.

La economía necesita certidumbre jurídica, pero también certidumbre política. Si el Congreso no logra condenar de forma transversal el octubrismo, si no hay un acto de contrición real de quienes lo apañaron —desde Giorgio Jackson hasta Daniel Jadue—, seguiremos estancados como país. Y lo peor es que no es por falta de ideas, sino por exceso de miedo.

Chile no va a despegar mientras el país tema que un alza de $30 en el Metro puede, nuevamente, convertirse en la excusa para que la ultraizquierda cavernaria intente nuevamente incendiarlo todo.