Desde el estallido terrorista del 2019, Chile cambió... pero para mal. Nadie puede negar que nuestro país es muchísimo más inseguro que hace cinco o seis años atrás. De esta forma, la delincuencia está generando una serie de problemas, y no sólo desde el punto de la seguridad pública.
La delincuencia en Chile es un problema que ha escalado significativamente en los últimos años, principalmente desde ese nefasto estallido antisocial del 2019, cuando los terroristas pirómanos de ultraizquierda trataron de quemar elm Palacio de La Moneda, con el Presidente Sebastián Piñera adentro. De esta forma, podemos apreciar como la acción vandálica y delictual del lumpen impacta de manera directa y negativa en diversos aspectos de la sociedad, y entre ellos también la economía.
El impacto de la delincuencia sobre la economía nacional
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Carabineros vs delincuentes. |
Las empresas, tanto nacionales como extranjeras, buscan ambientes estables y seguros para operar. La incertidumbre y el riesgo asociado con la alta criminalidad disuaden a los inversionistas, quienes prefieren dirigir sus recursos a países con mejores condiciones de seguridad. De esta forma, no es sorpresivo ver como muchos de los grandes capitales están viendo con mejores ojos poner sus fondos en lugares como Uruguay o España, en vez de Chile. La falta de inversión se traduce en una menor creación de empleos, afectando directamente a la población que, sin oportunidades laborales, cae en la pobreza. Este escenario de desesperanza y carencias es terreno fértil para que la delincuencia prospere, alimentando este peligroso ciclo de manera continua.
Hay que hacer un llamado a las autoridades a poner mano dura
El gobierno del Presidente Gabriel Boric enfrenta un desafío monumental en este sentido. Es imperativo que se tomen medidas decisivas para romper este ciclo vicioso, que se ha transformado en una amenaza latente para nuestro país. La mano dura contra los delincuentes no debe ser una opción, sino una prioridad. Las políticas de seguridad deben ser robustas y efectivas, asegurando que quienes cometan delitos reciban las sanciones correspondientes sin posibilidad de evadir la justicia.
Asimismo, es necesario que los políticos endurezcan las leyes. El sistema judicial debe contar con un código penal actualizado y eficiente que no sólo castigue, sino que también disuada a potenciales delincuentes. Hay que saber actuar antes de que el antisocial cometa los ilícitos.
Actualmente, en política mucho más que embarcarse en el largo, tedioso y complejo proceso de una nueva Constitución, lo que Chile necesita con urgencia un nuevo código penal que responda a las realidades actuales del país y que permita enfrentar la delincuencia de manera efectiva. Es imperativo hacer algo al respecto, antes de que ya sea demasiado tarde.
La legislación debe contemplar penas mucho más severas para los crímenes violentos y un sistema de rehabilitación que ofrezca segundas oportunidades a quienes realmente deseen reintegrarse a la sociedad. Claro, después de cumplir en forma íntegra las penas que la justicia les otorgue como castigo. Es así como la base de un sistema penal eficiente es la certeza del castigo: saber que el crimen no quedará impune es un factor disuasorio poderoso.
La seguridad pública debe ser una prioridad para el gobierno
Sin lugar a dudas que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad en la agenda del gobierno. Si carecemos de un entorno seguro, no hay espacio para el desarrollo económico ni social. La falta de acción contundente solo perpetuará el ciclo de pobreza y delincuencia, llevándonos cada vez más hacia un abismo de inseguridad y desesperanza.
Es crucial que el gobierno actúe con determinación y que los políticos asuman su responsabilidad en la creación de un marco legal fuerte, consecuente y adecuado. Sólo así se podrá romper este círculo vicioso y dar paso a un Chile más seguro, próspero y justo para todos sus ciudadanos.
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