La reciente creación de la Comisión contra la Desinformación por parte del gobierno neomarxista del Presidente Gabriel Boric ha generado preocupación y encendido debates en torno a la libertad de expresión en nuestro país. Si bien la lucha contra la desinformación es un desafío global, es necesario examinar detenidamente las implicancias de esta medida y su potencial para convertirse en una ley mordaza que silencie a las voces disidentes bajo el pretexto de "combatir la desinformación".
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| No a la censura. |
Resulta alarmante observar cómo la Comisión contra la Desinformación se asemeja a prácticas utilizadas en regímenes autoritarios y dictaduras comunistas del pasado, donde el control de la información era una herramienta fundamental para mantener el poder y acallar a quienes no se alineaban con la ideología oficial. Esta situación es sumamente peligrosa para la democracia chilena, ya que abre la puerta al abuso de poder y la censura, socavando los pilares fundamentales de una sociedad libre y pluralista.
Los datos duros recogidos en la encuesta Panel Ciudadano-UDD reflejan la preocupación de los chilenos en relación a esta comisión. Un 53% de los encuestados cree que su creación es una forma de controlar la información que reciben los ciudadanos, mientras que solo un 32% considera que es un genuino interés del Gobierno por garantizar que conozcamos la verdad de las noticias. Este escepticismo es comprensible, dado el riesgo que representa la centralización del poder informativo en manos de una comisión nombrada por el propio Gobierno.
La libertad de informarse y determinar la veracidad de las noticias es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Sin embargo, el 82% de los encuestados prefiere informarse y tomar sus propias decisiones sobre la veracidad de la información, en contraste con el 18% que estaría dispuesto a que una comisión gubernamental determine qué es verdadero y qué es falso. Estos resultados demuestran la importancia que los ciudadanos dan a su capacidad de discernimiento y su desconfianza hacia la imposición de la verdad por parte de una entidad estatal.
Es relevante destacar que el fenómeno de las noticias falsas en el ámbito político no es exclusivo de un sector específico. El 69% de los encuestados reconoce que tanto el Gobierno como la oposición utilizan esta práctica política para difundir información engañosa. Esta percepción es una llamada de atención sobre la necesidad de un enfoque equilibrado y objetivo al abordar la desinformación, evitando que se utilice como una herramienta de ataque o desacreditación política.
La metodología utilizada en la encuesta Panel Ciudadano-UDD, con una muestra representativa de la Región Metropolitana, proporciona una base sólida para comprender la opinión de los chilenos respecto a la Comisión contra la Desinformación. La alta tasa de respuesta y el margen de error considerado dan validez a los resultados obtenidos, reforzando la necesidad de reflexionar sobre las implicancias de esta medida en nuestro sistema democrático.
En conclusión, la creación de la Comisión contra la Desinformación plantea serias preocupaciones en términos de libertad de expresión y pluralismo en Chile. La posibilidad de que esta comisión se convierta en una ley mordaza para acallar voces disidentes bajo la etiqueta de "desinformación" es un riesgo que no podemos ignorar. Es fundamental salvaguardar los principios democráticos y garantizar que la diversidad de opiniones y el derecho a la información libre sean protegidos en nuestro país.
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